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Урок 19

 

А. Основной текст

El Tribunal Supremo de EE.UU. ha utilizado un tecnicismo legal para postergar una difícil decisión sobre la constitucionalidad o no de la campaña del «English Only», encaminada directamente a marginar la lengua y cultura hispana. Aunque se haya evitado un pronunciamiento por el momento en el caso inspirado por una de estas leyes en Arizona, la presión de grupos hispanos en otros estados volverá a poner esta cuestión ante los magistrados del Supremo.

La decisión del Alto Tribunal, anunciada ayer en Washington, indica que el proceso legal abierto por la legislación del «English Only» en Arizona nunca debería haber llegado hasta la máxima instancia jurisdiccional de Estados Unidos. De acuerdo al pronunciamiento de 37 páginas, los magistrados consideran por unanimidad que el recurso presentado contra la controvertida ley de Arizona es legalmente irrelevante, o «moot» de acuerdo a su jerga. La razón principal es que la funcionaría hispana querellante abandonó la función pública en 1990 por razones personales y su recurso ya no es válido. Tal posibilidad rae apuntada en Washington durante la vista oral realizada el pasado diciembre, en la cual varios magistrados sugirieron su intención de no pronunciarse de momento.

De todas formas, con leyes antiespañolas aprobadas en otros 23 estados de la Unión, el Tribunal Supremo tendrá tarde o temprano que emitir una sentencia sobre la constitucionalidad de esta campaña. Múltiples grupos de hispanos por todo el país, con el apoyo tácito de la Administración, están recurriendo esta forma de marginación contra su lengua y cultura. El caso más preocupante es el de la legislación presentada ante el nuevo Congreso federal para convertir al inglés en la lengua oficial y excluyente, una medida que fue aprobada el año pasado por la Cámara de Representantes pero no por el Senado. En términos generales, la mayoría republicana en el Legislativo defiende la iniciativa como un patriótico instrumento para eliminar diferencias entre inmigrantes, ahorrar grandes sumas de dinero al presupuesto federal y evitar separatismos como el de Quebec, en la vecina Canadá. Como argumentaba uno de estos legisladores, si el inglés se está con virtiendo en el idioma ganador en el mundo, por qué no en Estados Unidos. La falta de interés del Supremo por tomar parte en esta polémica hace que la controvertida medida de Arizona, aprobada en 1988, sea considerada de momento válida. La norma establecida como una enmienda a la Constitución estatal, obliga a que todos los funcionarios de Arizona hablen únicamente inglés en sus puestos de trabajo, con la posibilidad de castigos administrativos. Los críticos con esta legislación, aprobada por un estrecho referéndum popular, mantienen que sus preceptos suponen una violación a la libre expresión, garantizada por la Constitución federal. Varias instancias judiciales por debajo del Supremo habían suspendido la aplicación de esta norma de inspiración xenofóbica por considerarla un obstáculo al libre flujo de informaciones y un abuso de los derechos de muchas personas.

El verano pasado, los Ministerios de Justicia, Tesoro, Sanidad, Educación, Trabajo y la Oficina para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo recomendaron oficialmente a la Casa Blanca un veto presidencial si este tipo de legislaciones prospera a nivel federal. En opinión de estos departamentos, el hecho de que todos los documentos y debates oficiales tengan que producirse únicamente en inglés facilitará la discriminación de personas a la hora de trabajar, votar o simplemente participar en la sociedad norteamericana. El manifiesto llama la atención sobre las especiales dificultades que esta legislación creará en Puerto Rico.

 

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